Mar. Ene 21st, 2020

Sánchez vuelve a ligar las pensiones al IPC y las sube ya en febrero un 0,9%

Madrid Actualizado:15/01/2020 01:44h Guardar

Los jubilados comenzaron el año con sus nóminas congeladas. Fue una forma de presión que el presidente utilizó para forzar un acuerdo que salvara su investidura. Ya presidente, su primera medida ha sido subir la nómina de los pensionistas con el IPC y garantizar su poder de compra frente a los precios. El alza de las pensiones mínimas y la subida del sueldo de los empleados públicos deberá esperar a que el Gobierno negocie con Bruselas más déficit para saber qué margen de gastos pueden afrontar.

El primer Consejo de Ministros de la legislatura aprobó ayer revalorizar las prestaciones un 0,9% de forma retroactiva al 1 de enero. Esto quiere decir que en la nómina que los pensionistas cobrarán en febrero ya verán reflejada la subida aprobada del 0,9% que se corresponde con la previsión de IPC para el año. La medida, por el momento, será de aplicación para todos los colectivos y tendrá un coste anual de 1.406 millones, incluyendo las clases pasivas y las no contributivas. Así, sobre una pensión de 1.000 euros el incremento será de 10,09 euros. Sobre una pensión de 600 euros, el incremento será de 5,4 euros y, en una de 700 euros, sería de 6,3 euros. Apenas verían en su nómina 4,5 euros más quienes tengan una pensión de 500 euros. Tras la revalorización, la pensión de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge a cargo, queda en 843,40 euros al mes y la máxima en 2.683,34 euros.

Sánchez se comprometió a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mientras dure su Gobierno. Es decir, que si al cierre del ejercicio la inflación ha sido superior a ese 0,9%, el Gobierno aprobará una paga complementaria para compensar la desviación del IPC y garantizar el poder de compra. Esta paga se abonará antes del mes de abril de 2021. El compromiso no solo es verbal, se ha incorporado al decreto-ley aprobado este martes, de modo que se garantizarán los ingresos de todos los beneficiarios.

El Gobierno mantiene así la fórmula de indexar las rentas a la inflación, una fórmula que se aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó por el Índice de Revalorización que hasta 2018 ligó la subidas de las nónimas a la salud de la Seguridad Social. En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema en el pasado, lo que dio lugar al cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

«Hemos cumplido un compromiso anunciado, la revalorización de las pensiones», señaló el presidente. «Nuestro compromiso -aseguró- es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones». «Vamos a tender la mano a todas las fuerzas políticas y sociales para trabajar en la adopción de medidas justas y equilibradas que permitan mejorar la protección de nuestros jubilados y jubiladas», insistió, aunque eso sí, «también tiene que ser compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria».

Sánchez llamó a los agentes sociales, sindicatos y patronal, y a los partidos políticos a retomar el consenso en el Pacto de Toledo para la futura reforma del sistema de pensiones, que tendrá que buscar soluciones para asegurar la sostenibilidad del sistema, además de abordar la supresión definitiva del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones que se mantienen en vigor, los dos únicos mecanismos de ajuste que tenía el sistema para frenar los gastos.

Poco margen de negociación

El presidente también expresó su voluntad de negociar con los agentes sociales será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aunque también dejó claro que su compromiso de finalizar la legislatura con un SMI en línea con lo que marca la carta social europea, esto es, equivalente al 60% del salario medio (entre 1.000 y 1.200 euros mensuales en 14 pagas en función de cuál sea el cálculo del salario medio). El margen de negociación es, por tanto, muy limitado lo que ya augura negociaciones «a cara de perro» con los empresarios, en total desacuerdo con las alzas previstas.

La batería de medidas sociales que planea el nuevo Gobierno de coalición superan los 25.000 millones en un momento de desaceleración de la actividad. Como ya informó ABC, a falta de un mes de contabilidad para cerrar el ejercicio, los ingresos tributarios crecieron hasta noviembre una tercera parte de lo que preveía el Ejecutivo. Si el Gobierno auguró en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril que la recaudación aumentaría un 4,6% hasta los 218.249 millones, hasta noviembre solo había crecido un 1,6%. Si se eliminan efectos excepcionales, el alza es del 2,1%.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acordó con la Comisión que cerraría 2019 con un déficit del 2%, que lo bajaría al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021 para alcanzar el equilibrio nominal en 2022. Los compromisos de gasto que impone el acuerdo entre el PSOE y la Podemos obligarán a pedir más margen a Bruselas.