Sáb. Mar 28th, 2020

¡Llegó la letra pequeña! aunque mínima

Madrid Actualizado:24/03/2020 17:08h Guardar

Una semana le ha costado al Gobierno aprobar la letra pequeña de los 100.000 millones de euros en avales que dará a las empresas para que tengan liquidez suficiente para pagar sus nóminas, facturas y deudas financieras y tributarias. Y eso que la situación apremiaba: muchas llegan al 31 de marzo, cuando les entra en cuenta facturas e impuestos, con la caja tiritando.

Al menos el Ministerio de Economía ha hecho caso de bancos y empresas y el Estado, al final, cubrirá la mayor parte de los posibles impagos. Las pymes y autónomos que se vean en apuros para afrontar sus pagos por el coronavirus podrán acudir desde ya a su banco y pedir una renovación de algún crédito que ya tengan concedido o solicitar uno nuevo para abordar esos pagos urgentes. La entidad se lo tramitará rápidamente, ya que el Estado, a través del ICO, asumirá el 80% del posible impago, todo un aliciente para que la banca no cierre el grifo del crédito.

Es decir, es un préstamo normal pero en el que el Estado responde en caso de pérdidas. Y esto es lo que necesita ahora mismo el tejido productivo del país: liquidez para afrontar el día a día con la persiana echada y evitar una oleada de quiebras y destrucción de empleo.

Es prácticamente lo mismo que ya sabíamos pero con algo más de concreción, sobre todo para pymes y autónomos. Y sobre todo, confianza en que los bancos, que por cierto ya se habían adelantado al Gobierno con otras medidas de ayuda aplazando pagos de todo tipo a estos colectivos empresariales, no pongan pegas a ningún cliente.

Cierto es que el Ejecutivo no ha entrado a determinar cuál será el tipo de interés que se aplicará a estos créditos, de hecho pasa la patata caliente a cada entidad financiera y apela a la responsabilidad de cada una de ellas para aplicarlos de manera razonable.

Ahora bien, los autónomos siguen sin estar satisfechos y siguen pidiendo al Gobierno no tener que pagar ninguno de ellos la cuota mensual por su actividad ya que muchos de ellos, que han cerrado su actividad o cuyas ventas han caído 75%, no podrán pagar su cuota sin ingresos y sin liquidez, generando recargos y morosidad que dificultarán el cobro de su prestación.

María Jesús PérezMaría Jesús PérezRedactora jefeMaría Jesús Pérez