Jue. Ene 23rd, 2020

Colombia autorizó pescar unas 27.000 toneladas de tiburones en el 2019

En octubre pasado, Colombia vivió una de las polémicas ambientales más álgidas de las que se tiene registro en los últimos años por cuenta de la resolución 350 del 2019, emitida por el ministerio de Agricultura el 25 de ese mes y por la que se establecían las cuotas globales de pesca para el año 2020.

En ese documento, el Minagricultura autorizaba la pesca artesanal incidental de hasta 125 toneladas de tiburón en el mar Caribe, que incluían 5,2 toneladas de aletas de la especie Carcharhinus falciformis.

Además, en el océano Pacífico, permitía capturar hasta 350 toneladas de tiburón, de las cuales 6,3 toneladas correspondían a Alopias pelagicus; 1,5 toneladas, a Alopias superciliosus, y 2,1 toneladas, a Sphyrna corona.

(Le puede interesar: Pesca de tiburones en Colombia, un debate profundo)

En su momento, los ambientalistas criticaron que la resolución incluyera cuotas de aletas para especies de tiburones amenazadas en Colombia y que hacen parte del Convenio Internacional de Especies en Peligro (Cites). Según ellos, al hacerlo se incentivaba la captura de tiburones, una práctica prohibida en el país.

“En Colombia no se consume aleta de tiburón, por lo que no debería haber cuotas para su comercialización”, le dijo a este diario Sandra Bessudo, bióloga marina y directora de la Fundación Malpelo.

El Gobierno se defendió asegurando que la resolución no era nueva y que las mismas cuotas venían aplicándose desde 2011. Ricardo Lozano, ministro de Ambiente dijo que la norma buscaba “ejercer un control sobre la comercialización y desalentar la pesca ilegal y el aleteo, no generar confusión”.

La resolución fue elaborada por un comité conformado por los ministerios de Agricultura y Ambiente, y por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Pese a que en días pasados la Aunap modificó la resolución 350, y eliminó los apartados que hablaban de las aletas, hubo un punto que la controversia no tocó: la pesca industrial, donde las normas establecidas autorizan porcentajes de pesca incidental que hacen que las toneladas de tiburones ya no se cuenten por cientos, sino por decenas de miles.

Hasta 27 mil toneladas autorizadas

En Colombia, la pesca industrial está reglamentada por la resolución 1743 de 2017. Si bien en el segundo artículo de esta norma se prohíbe la pesca de tiburones, también se permite un porcentaje de captura incidental de tiburones y rayas de hasta el 35 por ciento del total en cualquier época del año.

Este porcentaje corresponde, según el número de barcos pescando en aguas de jurisdicción nacional, y solo para el océano Pacífico, a un estimado de 27.799 toneladas de tiburón en el 2019.

La cifra se desprende de sumar los 23 barcos de bandera extranjera (18 ecuatorianos, cuatro venezolanos y uno panameño) con patente de pesca otorgada por la Aunap, y sus capacidades de acarreo (15.649 toneladas en total); igualmente para los 14 barcos de bandera colombiana (12.704 toneladas) y multiplicarlas por entre 2,5 y 3,5 faenas al año (un número conservador, pues podrían ser más).

(Además: Procuraduría solicita que se revoque decisión sobre caza de tiburones)

El total de esta operación, que no contempla los meses en los que las embarcaciones no trabajan, por tratarse de periodos de veda, es de 79.174 toneladas de capacidad de pesca (generalmente de atún), de los cuales, el 35 por ciento, es 27.799 toneladas, corresponden a lo autorizado para la pesca incidental de tiburón.

En entrevista con EL TIEMPO, Nicolás del Castillo, director de la Aunap, dijo que la suma de los tiburones capturados incidentalmente, tanto artesanal como industrialmente, nunca ha llegado a estos porcentajes.

Según el funcionario, esto lo saben porque los barcos nacionales “llevan en sus faenas observadores, el 50 por ciento puestos por la Ciat y el otro 50 por ciento puestos por nosotros”.

La Ciat es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, organización que vigila, principalmente, a los barcos atuneros con altas capacidades (la mayoría de más de 1.000 toneladas), como es el caso de los 14 colombianos, y a los que adjudica una cuota a través de cada país.

Los estatutos de la Ciat establecen que estas embarcaciones deben tener un observador que lleva un registro detallado de las capturas de especies como delfines y tiburones, pues sus faenas las realizan tanto en aguas jurisdicción nacional como en internacionales, en las que abundan las especies altamente migratorias –como los tiburones– que son un recurso natural y económico que comparten los más de veinte países firmantes.

Sin embargo, la Ciat no vigila a los barcos extranjeros, principalmente ecuatorianos, a los que otorga permiso de pescar en aguas colombianas, la mayoría de menor capacidad.

Esta responsabilidad recae sobre la Aunap, que cuenta con el Programa de Observadores Pesqueros de Colombia, quienes deberían acompañar a los barcos en cada faena de pesca y cuya función es recopilar información técnica y científica sobre capturas objetivo e incidentales de las diferentes pesquerías.

Según la Aunap, en el 2019 se reportaron 4.920 kilos de tiburón capturado en el Caribe, y 59.740 kilos en el Pacífico, para un total de 64.660 kilos.

El problema es que, según la Aunap en el mismo año solamente había contratados nueve observadores para la colecta de información, de los cuales cuatro estuvieron en el puerto de Tumaco para embarque a bordo de la flota atunera.

Lo anterior quiere decir que menos del 10 por ciento de las faenas de pesca en el Pacífico se habrían hecho con observador a bordo y, si bien la información de las especies capturadas debe ser declarada al llegar a puerto, queda la incertidumbre sobre las actividades que llevan a cabo los barcos cuando están mar afuera.

De acuerdo con expertos consultados, estas podrían incluir el trasbordo ilegal de tiburones y sus aletas hacia otras embarcaciones.

Aunque del Castillo se comprometió a facilitarle a EL TIEMPO la información detallada de los registros de los observadores con los horarios de faenas, numero de lances al día y capturas de tiburones y delfines, esta información no fue recibida.

En cambio, la Aunap proporcionó un listado de las capturas de tiburones reportadas en puerto, la mayoría de ellas de especies registradas en Cites.

Las implicaciones internacionales

En marzo del 2019, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, sigla en inglés) envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia un oficio en el que le preguntaba por las regulaciones y programas que el país está implementando para controlar la pesca de tiburones.

Según la NOAA, se enmarcaba dentro de un “proceso más grande para asegurar la conservación sostenible” de estos animales a nivel global, y tiene dentro de sus objetivos conocer si los países están implementando regulaciones comparables a las de Estados Unidos en esta materia.

En el documento, la agencia estadounidense consultaba si Colombia ha establecido cuotas y períodos de veda para la pesca de especies como los atunes (que normalmente van acompañadas por tiburones), así como prohibiciones explícitas para la captura de ciertas especies de escualos.

Aseguran que la no adopción de la normatividad internacional sobre protección de tiburones y el no cumplimiento de dichas regulaciones ocasionará la negación de las certificaciones ambientales y restricciones en la aceptación en puertos de Estados Unidos de ciertos productos de exportación colombiana.

Según le dijo la NOAA a este diario, un documento equivalente les fue enviado a otras 42 naciones que informaron haber hecho capturas de tiburones:

“La NOAA analizará y considerará toda esa información para determinar si el programa regulador de una nación es comparable al de Estados Unidos y trabajará con estas naciones bilateralmente los próximos dos años con el objetivo de que implementen medidas de la Organización Regional de Manejo Pesquero para los Tiburones”, indicaron vía correo electrónico.

Pero las implicaciones de no seguir los protocolos ambientales podrían ir más allá y afectar acuerdos económicos como el TLC, que en su capítulo 18, establece que “las partes adoptarán, mantendrán e implementarán leyes, reglamentos y todas las demás medidas para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos ambientales multilaterales”.

Dichos acuerdos a los que hace referencia el tratado son el Cites y la Ciat. Al ser consultada sobre este requerimiento, la Cancillería afirmó que la encargada de responder fue la Aunap, entidad que envió a la NOAA la ya mencionada resolución 1743 de 2017.

Biólogos consultados por EL TIEMPO explicaron que, en la mayoría de los casos, los tiburones pescados llegan vivos a la cubierta de los barcos, y al estar fuera del agua, no representan peligro alguno y podrían ser liberados fácilmente por la tripulación, ya que en principio, no son la pesca objetivo y son especies protegidas internacionalmente.

Sin embargo, con regulaciones tan flexibles, los barcos pesqueros extranjeros autorizados por la Aunap pueden optar por sacar ventaja de este recurso marino colombiano e, inclusive, se vería incentivado el aleteo ilegal de tiburones, pues las aletas no ocupan espacio en sus bodegas destinadas a la pesca objetivo y serían comercializadas secas antes de llegar a puerto junto con la demás pesca incidental.

A lo anterior hay que sumar los tiburones capturados por los barcos industriales palangreros que pescaron en el Caribe colombiano en el 2019, igualmente, al parecer, sin observadores a bordo.

De allí, la importancia de que se mantengan programas como el de observadores, que vigilen no solo la extracción de recursos marinos de aguas colombianas llevada a cabo por barcos extranjeros, sino que velen por la protección de especies protegidas, como los tiburones.

Buscan bajar los porcentajes incidentales

EL TIEMPO habló con los ministros de Agricultura y Ambiente acerca de su posición sobre la pesca industrial de tiburones en el país.

Andrés Valencia, jefe de la cartera agropecuaria, aseguró que los porcentajes de capturas incidentales de tiburones “se han venido calculando con base en registros de años pasados”, los cuales, dijo, son cada vez menores. “Confiamos en los datos recabados por la Aunap y en sus esquemas de monitoreo, pues son los mejores que el país puede tener para hacerlo”, señaló Valencia.

Por su parte, María Claudia García, viceministra de Ambiente, añadió que actualmente trabajan en un proyecto de decreto para disminuir el porcentaje de pesca incidental de tiburones de 35 a 15 por ciento:

“Consideramos que este porcentaje es un inicio, porque nadie tiene información sistemática que nos permita decir que es mucho o poco. Existe una necesidad de monitorear y mejorar el sistema de información sobre las especies. En un año veremos si el ese 15 por ciento de pesca incidental estaba bien o mal y podremos ajustarlo.

NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ
Redactor de Ciencia
@NicolásB23
nicbus@eltiempo.com